Por Aníbal Torres

En los últimos meses en Argentina se ha reabierto la polémica respecto a los vínculos entre el Estado y las religiones. Y esto a partir de que, tal como se esperaba, el 12 de junio ingresó al Congreso Nacional el Mensaje nº 0045/17 y proyecto de ley sobre libertad religiosa, remitido por el Poder Ejecutivo. A las reacciones suscitadas en base a lo que previamente iba trascendiendo en la prensa, una vez conocido el texto oficial se dio un recrudecimiento de las mismas, centrando la polémica en uno de los aspectos del proyecto (la llamada “objeción de conciencia”). Entendiendo que este sesgo no ha permitido que trasciendan otras disposiciones de la iniciativa de ley, nos proponemos aquí 1) resaltar los diferentes aspectos relevantes del texto remitido por el Gobierno de Cambiemos, 2) realizar una esquematización sobre los posicionamientos que se han expresado en relación con dicha iniciativa, y 3) poner en consideración algunos aspectos que hacen al paso del proyecto por la arena parlamentaria.

El contenido del proyecto

La formulación del texto ha sido conducida desde la Secretaría de Culto de la Nación, organismo inserto en la Cancillería Argentina. Del proyecto enviado al Parlamento[1] resaltamos los siguientes puntos nodales:

Dentro de los “principios fundamentales”, se consagran “derechos de las personas humanas” y “derechos de las entidades religiosas”, aclarando que la enumeración de derechos que se brinda en cada caso “no es taxativa” (art. 2º y 3º); se reconoce la “espiritualidad” de los pueblos originarios (art. 4º); se establece el derecho a la “objeción de conciencia” (con limitaciones, según el “interés público imperativo” o el “ daño directo a derechos de un tercero”) (art. 7º) y el deber de empleadores y establecimientos educativos de “adecuación razonable” a las “prácticas religiosas” de los trabajadores y alumnos (con ciertas limitaciones) (art. 8º); se elimina el oprobioso régimen del Registro Nacional de Cultos (instaurado en 1978 por la última dictadura militar y percibido como un control cuasi policíaco sobre los credos no católicos[2]), a través de la creación del Registro Nacional de Entidades Religiosas (RENAER), con la inscripción “voluntaria y gratuita” para tales entidades (art. 9ºy 10º), las cuales accederían a la capacidad jurídica (art. 15º), el goce de varios derechos (art. 16º), y la “plena autonomía” (art. 17º), contando con la vía contenciosa contra lo resuelto por el Secretario de Culto (art. 23º); se refuerza la inembargabilidad de los templos, los lugares de culto y los objetos sagrados destinados a tal efecto, a través de la reforma de Código Civil y Comercial (art. 25º); se reforma la tipificación de los delitos de hurto y de daños (“siempre teniendo en miras proteger el elemento religioso”), vía la modificación del Código Penal (art.26º y sig.); y se establecen las correspondientes disposiciones transitorias

Un esquema de las diferentes posiciones   

Junto a lo que señalamos hace unos meses[3], según podemos percibir, los actores involucrados en el debate respecto a la iniciativa de ley, privilegian uno de los al menos dos universos conceptuales en tensión, a) dictadura – democracia, en apelación al ámbito institucional y b) laicismo – confesionalismo/pluriconfesionalismo, convocando a la movilización social. En el primer grupo de términos polares parece articularse el proyecto enviado al Parlamento y los actores gubernamentales y religiosos que participaron de su formulación.[4] En este sentido, al resaltar en los fundamentos la deuda que la democracia tiene con la sanción de una legislación de este tipo y al enfatizar el peso que aún tienen las disposiciones registrales de la última dictadura, el proyecto expresa así el argumento de las iniciativas que se formularon a lo largo de 25 años. Se trata de un posicionamiento que apela a lo institucional no sólo porque alude al contraste entre los regímenes políticos, sino porque confía en el consenso alcanzado entre las entidades que representan a diferentes comunidades religiosas[5] (algo no menor para el ecumenismo, a 500º años de la Reforma), en la importancia de transitar la arena parlamentaria y en definitiva, en el impacto de las reglas de juego respecto a los comportamientos de los actores sociales y estatales. Cabe señalar también que desde esta postura se reivindica la valoración positiva del Estado argentino por el fenómeno religioso en general (lo que ha valido reconocimientos de las Naciones Unidas), en su contribución a la paz y la democracia, algo para nada desdeñable en el presente contexto internacional, donde al flagelo del antisemitismo se le ha agregado la islamofobia y la cristianofobia.

El segundo universo de conceptos polares se enmarca más bien en la tradición del iluminismo, si bien agregando al énfasis en la separación rígida entre el Estado y las religiones y el confinamiento de éstas al ámbito privado, el ahínco en resaltar los procesos de individualización de las creencias, la desinstitucionalización y el pluralismo del “mercado religioso”, importantes constataciones de la sociología de la religión. Por eso quienes se posicionan aquí apelan, en relación con el proyecto, a la movilización social en un sentido amplio.[6]

Ciertamente que la invocación a la agenda de derechos humanos es parte de ambas modalidades de plantear la cuestión. Por un lado, en el primer eje se postula la libertad religiosa como un derecho humano con el cual la democracia aún tiene una deuda (al regir todavía el ominoso régimen heredado de la dictadura), mencionando los estándares internacionales y la normativa interna (por caso, la última reforma del Código Civil) que hacen imperiosa una adaptación del régimen jurídico respecto a las entidades religiosas. Por otro lado, las argumentaciones que se dan en el segundo eje en general manifiestan que de ser aprobado el proyecto, se habilitaría un masivo cercenamiento de derechos para otros ciudadanos, a partir de que, según alegan esas posturas, la consagración de la “objeción de conciencia” sería una suerte de caballo de Troya usado para escamotear las normas del Estado (por ejemplo en cuanto al aborto, etc.). Como podemos apreciar, aquí se hace evidente uno de los contrapuntos entre ambos enfoques.

Pero además, volviendo a los ámbitos a los cuales se apela desde cada posicionamiento (lo institucional versus lo social), está la crítica de que el proyecto es una cuestión de cúpulas, que deja de lado otros saberes, expresiones y representaciones sociales. En efecto, nos parece valiosa toda manifestación que tienda a aportar otra mirada a partir de advertir cierto sesgo juridicista en el abordaje de la libertad religiosa, al tiempo que es positivo también invitar a la reflexión pública sobre los factores de poder que se plasmarían en esta y en toda norma, como las posibles tensiones entre los intereses particulares de las entidades religiosas y los generales de la sociedad.

La valoración positiva de la purificación que ejerce la razón política sobre las creencias religiosas no es algo privativo de tal enfoque, sino que en amplia medida también está presente en las propias comunidades de creyentes, las que asumen esa relación desde su carácter bidireccional, es decir, sosteniendo el influjo beneficioso que los valores religiosos ejercen sobre la razón, como se manifiesta en el espíritu del proyecto. El proceso político mismo de formulación de este texto, en su apelación al ámbito institucional (en sentido lato, según vimos), expresa algo incontrastable: cada política pública define, a partir de la cuestión problematizada a la que busca responder, la red de actores interesados en la misma y los canales para su tratamiento. De ahí que, por ejemplo, lo más probable es que los actores involucrados en las legislaciones sobre agrotóxicos, mercado de capitales y derecho a la libertad religiosa no sean los mismos. Dicho de otra forma, a diferentes cuestiones, diferentes actores y diferentes escenarios de negociación; no están todos opinando en todos los temas y con el mismo grado de interés e incidencia.

En lo que estos contrapuntos sirven para que unos y otros enriquezcan sus posiciones con otros aportes, desde ya son muy bienvenidos. Pero resulta lamentable cuando se cae en las descalificaciones ad hominem al imputar a los redactores del proyecto un supuesto “consevadurismo”; o cuando se denuncia el menoscabo al “laicismo” en beneficio de un supuesto “Estado pluriconfesional”[7] (terminología que no existe en el proyecto, como tampoco hay un Estado “confesional” en Argentina y sí un régimen de laicidad), postulando una uniformidad que llevada al extremo terminaría cercenando las autopercepciones que tienen los creyentes y sus respectivas comunidades, según sus fundamentos doctrinarios o teológicos; o cuando se alega cierto “gatopardismo” que favorecería la posición de la Iglesia Católica.

Por lo demás, al formular ese tipo de expresiones sería interesante al menos ser consistentes en dos sentidos: si se acusa al proyecto de inconstitucional al tiempo de que se pide una reforma de la Carta Magna para quitar el art. 2º, no queda claro si al proyecto se lo juzga desde el texto fundamental vigente o de uno que aún no existe. Además, si se admite el pluralismo en el campo social, en general, y en el religioso, en particular, sería bueno trasladarlo también al análisis sobre el catolicismo, muchas veces erróneamente presentado como un actor monolítico y todopoderoso que no tendría tensiones internas ni matices o aun antagonismos entre sus miembros y en las formas de entablar la vinculación con lo público estatal, o que encontraría actores partidarios siempre lejanos a intentar instrumentalizarla.

Por supuesto que también es cuestionable cuando grupos minoritarios de las confesiones religiosas son reacios a la apertura al debate sincero con otros sectores sociales (incluso de no creyentes) sobre esta legislación, o cuando se enredan en pujas “de suma cero” por obtener a como dé lugar beneficios por parte del Estado (siendo que, por ejemplo, ya existe la exención impositiva para todas las confesiones por igual), o cuando algunos sectores en la Iglesia Católica se oponen a ahondar el camino iniciado hace varios años en la búsqueda de la paulatina independencia económica de los aportes del Estado, o no siempre se es receptivo a dialogar sobre estas cuestiones.

El proyecto de Libertad Religiosa en la arena parlamentaria

Más allá de los posicionamientos que hemos referido esquemáticamente, al ingresar el proyecto al Parlamento, al menos según parece hasta ahora, está llamado a fracturar las disciplinas partidarias, con un derrotero que presumiblemente será similar al del debate por la ley del divorcio vincular (en 1987) y la ley del llamado matrimonio igualitario (2010). Y esto más aún, si se tiene en cuenta que desde los fundamentos, el texto parece manifestar la intención de que el debate no transite bajo la dinámica oficialismo–oposición, al realizar acertadamente reconocimientos a los avances que se intentaron en los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem (con la gestión del recordado Ángel Centeno), Fernando De la Rúa y Cristina Kirchner, en dotar al país de un régimen jurídico de libertad religiosa acorde a estos tiempos.

Como se sabe, la iniciativa ha comenzado a ser trabajada en las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Según ha admitido el propio secretario de Culto[8], Santiago de Estrada (h), quien participó de la reunión inicial convocada por la primera Comisión referida, el proyecto difícilmente escape a la dinámica política que imprime el año electoral en curso, con lo cual, cabe esperar que no habrá pronunciamientos sustantivos de los legisladores hasta después de las elecciones de octubre.

Por supuesto que sería saludable que a instancias del Parlamento se realizara una ronda de consultas, aunque no olvidando que son los legisladores los que luego deberán votar la sanción de la ley. Así, más que buscar la atomización vía la multiplicación de los actores con capacidad de veto (en caso de querer conocer el parecer de una infinidad de expresiones individuales), lo que cuenta allí es la agregación de preferencias. Ciertamente que no es imposible armonizar la multiplicidad con la unidad, pero esto demanda a la política representativa una delicada búsqueda de consensos, lo que supone evidentemente que no todas las voces escuchadas serán reflejadas en el texto de la norma que se sancione, de forma de sortear el peligro de que el tratamiento parlamentario se transforme en una arena movediza que se trague el proyecto.

Concluyendo estas consideraciones, recordamos que ya Alberdi, preocupado no sólo por las fórmulas institucionales sino también por las bases socioculturales que las sustentan, aludía a un proceso que iba de lo posible, lo que se “aguanta” una sociedad en un determinado momento histórico, a lo verdadero, a la concreción institucional más “pura”, por así decirle. Aun despojando el argumento alberdiano de la carga positivista, teleológica y proclive al conservadurismo, queda en pie la aguda observación de los condicionantes de la propia dinámica político institucional, lo que en términos de políticas públicas lleva a hablar muchas veces de incrementalismo.

Esto permite discernir el peso específico del proyecto girado al Congreso. ¿Es perfectible? Claro que lo es, por eso se espera que sea enriquecido en el ámbito parlamentario con diferentes aportes[9]. ¿Es superador del régimen vigente? En efecto, responde a un reclamo que lleva décadas, es muestra de consensos mínimos entre los actores directamente implicados y esto ya hace la diferencia respecto a la falta de legitimidad de un ordenamiento registral emanado de la dictadura con claros fines persecutorios. Entre aquello de lo que se parte y a lo que se tiende tenemos la libertad religiosa posible en las actuales condiciones institucionales y sociales. Aunque modesto, caminar hacia ella es un avance que se merece nuestra democracia, honrando así la defensa de los derechos humanos como referencia ética irrenunciable e impostergable.

NOTAS

[1] Cuyo texto se puede descargar en http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2017/PDF2017/TP2017/0010-PE-2017.pdf

[2]  Según La Nación, el Registro contiene hoy a unas 5000 expresiones religiosas, de las cuales unas 3500 están en actividad.

[3] Posiciones reseñadas en nuestra nota de marzo https://observatorio-religionyasuntospublicosal.org/2017/03/01/argentina-ley-de-libertad-religiosa-ahora-si/

[4] Reflejada, además del proyecto en sí y de las palabras de los funcionarios de Culto, en las posturas de representantes de las confesiones judía, islámica y católica http://www.mdzol.com/nota/739649-la-ley-de-libertad-religiosa-que-impulsa-macri/, la intervención del Pastor Proletti http://www.telam.com.ar/notas/201706/193763-ley-libertad-religiosa-santiago-estrada-ruben-proletti.html y ls del Dr. Wynarczyk http://alc-noticias.net/es/2017/07/04/una-primera-aproximacion-al-proyecto-de-ley-de-libertad-religiosa/

[5] Participaron: Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas (integrada por Faei, Feceo, bautistas, adventistas y Aciera), DAIA, AMIA, la Conferencia Episcopal Argentina y el Centro Islámico.

[6] A grandes rasgos, aquí podríamos ubicar, por ejemplo, las intervenciones del reconocido sociólogo Fortunato Mallimaci, http://www.diversidadreligiosa.com.ar/blog/opiniones-sobre-el-nuevo-proyecto-de-ley-de-libertad-religiosa-3-fortunato-mallimaci/ y https://www.pagina12.com.ar/49909-con-la-conciencia-a-otra-parte y las notas de Soledad Vallejos en el diario Página/12 https://www.pagina12.com.ar/46553-un-proyecto-alejado-del-estado-laico

[7] Según lo sostenido críticamente, por ejemplo, por Anmistía Internacional https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-le-envio-una-carta-a-macri-para-manifestar-preocupacion-por-el-proyecto-sobre-libertad-religiosa/

[8] Ver http://www.lanacion.com.ar/2034472-el-gobierno-impulsa-una-ley-de-libertad-religiosa-y-regulara-la-objecion-de-conciencia

[9] Como aspira, por ejemplo, la Mesa Consultiva de Federaciones Evangélicas https://iglesiametodista.org.ar/posicion-la-mesa-consultiva-federaciones-evangelicas-ante-proyecto-ley-libertad-religiosa-1/