Por Ariel Corpus

Este 2017 tiene lugar el centenario en que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento que rige a la nación vino a reformar la promulgada en 1857, y sobre ella se han elaborado una serie de cambios que buscan adaptarse a las circunstancias actuales.

En 1917 la situación religiosa no fue ajena a los Constituyentes, quienes marcaron la pauta para lo que sería la relación entre las iglesias y el Estado a lo largo del siglo XX mediante los artículos 3, 5, 24, 27 y 130. Destacaré con brevedad los más relevantes.

En el artículo 3 se indica que la educación, pública o privada, será laica. En el mismo se plantea que “ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”, lo que limitó en algunos aspectos la actuación de diversas congregaciones en sus proyectos educativos. La educación laica es uno de los pilares del pensamiento científico y crítico, gracias a ella se pone el conocimiento al servicio de la sociedad, también se explican distintos fenómenos con argumentos ajenos a las doctrinas religiosas, lo que es en sumo importante en un país con amplia diversidad de confesiones.

El artículo 24 establece la libertad de creencias y circunscribe el desarrollo del culto público a los templos: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actores del culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular…”. Es debido a este principio constitucional que hoy en día las personas pueden profesar y practicar la religión de su preferencia con total libertad, incluso –como se observa en la evidencia empírica– al margen de las propias instituciones convencionales. También, es un marco de exigencia frente a la constante intolerancia que aún padecen los pobladores de algunas regiones por su preferencia religiosa.

En el artículo 130, uno de los más importantes al respecto. Los Constituyentes reafirman la libertad para elegir cualquier religión, y garantizan que el Estado no impondrá alguna, es decir, se da la pauta para un gobierno sin confesión religiosa. Por lo anterior es muy preocupante la actuación de algunos funcionarios cuando no distinguen los ámbitos de su representatividad. Ejemplo de ello es el comportamiento del presidente en la visita del Papa Francisco en año pasado: a Peña Nieto se le olvidó que representa un Estado sin confesión religiosa.

El mismo artículo contiene lo respectivo al matrimonio donde se indica con claridad que se trata de un “contrato civil”. Habrá que subrayarlo para los opositores al matrimonio igualitario.

Uno de los aspectos de mayor relevancia que marcó sendas disputas durante la primera mitad del siglo XX, es que la Constitución de 1917 “no reconoce personalidad jurídica alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias”. Fue hasta las reformas de 1992 que a éstas se les concedió tal personalidad. Un año después el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari recibió al Papá Juan Pablo II en calidad de Jefe del Estado Vaticano.

Esta Constitución también marcó otros aspectos fundamentales que limitaron la acción de las iglesias, en particular a los ministros de culto. A ellos se les prohibió “…hacer crítica de las leyes fundamentales del país…” o bien “asociarse con fines políticos”. Finalmente, entre otros aspectos que se detallan en el documento original, se prohíbe la formación de agrupaciones políticas cuyo título indique explícita o implícitamente alguna relación con determinada religión. En este mismo sentido, también se establece que al interior de los templos no se pueden desarrollar o celebrar reuniones de carácter político.

Las reglas que en materia religiosa dispuso el Constituyente hace 100 años no son aleatorias, devienen de procesos de larga duración, posiciones políticas, discusiones acaloradas entre liberales y conservadores, e incluso de cruentas guerras por establecer un proyecto de nación. En ella no solamente se establecieron normas para el ejercicio público de la religión, también se limitó la actuación de la iglesia mayoritaria, al grado que la severa aplicación de las leyes aunado a otros conflictos no resueltos de la Revolución propició el levantamiento cristero al final de la década de los treintas.

En su centenario, la Constitución no está exenta de cambios. Diversos actores, sobre todo los de derecha, tratan de modificar estos puntos constitucionales para tener una legislación que permita mayor laxidad para las iglesias, y así interferir en la vida pública con base en sus preceptos religiosos. Está agenda se observa en las controversias sobre el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la implementación de educación religiosa en las escuelas, la potencial adquisición de medios de comunicación por parte de iglesias, la re-conceptualización que hacen sobre la “libertad religiosa”, y la participación política de ministros religiosos, entre más aspectos que están en el debate.

Frente a estos intentos “regresivos” se vuelve más que oportuno reiterar el principio histórico que separa al Estado de las iglesias. Principio fundamental para convivir en la diversidad.

Coda: 2017 no sólo es el centenario de la Constitución de 1917, también se llevarán a cabo las conmemoraciones por los 500 años de la Reforma Protestante, lo que amerita una reflexión próxima.