Por Francisco J Concepción

En una sorprendente movida la Conferencia Episcopal Puertorriqueña (CEP) emitió un mensaje con relación a las elecciones del 2016 en Puerto Rico en el cual denuncia el colonialismo y cataloga como movida antidemocrática la imposición de una junta de control fiscal por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Lo sorprendente de la declaración es que en verano pasado el Arzobispo de San Juan, Roberto González, se había pronunciado a favor de la aprobación de la ley federal que impuso la junta de control fiscal sobre las estructuras democráticas del país a pesar de las críticas que la izquierda había levantado ante dicho proyecto. Durante el verano el Arzobispo escribió una columna en el periódico “The Hill”, que circula dentro del Congreso de los Estados Unidos, impulsando la aprobación de la ley conocida como PROMESA por medio de la cual se impuso la junta de control fiscal en la Isla. Dicha junta funciona como un organismo cuyo objetivo es imponer un proyecto de reestructuración económica, tal y como lo hace el Fondo Monetario Internacional en países independientes. La intervención del Arzobispo, que se apartó de la posición de la Coalición Ecuménica en ese momento, sorprendió a más de un sector pues el Arzobispo tradicionalmente se ha pronunciado en favor de la descolonización de Puerto Rico posición que le ha traído más de un conflicto con sectores anexionistas de la Isla.

La declaración de la CEP comienza diciendo que las estructuras políticas que sustentaron el desarrollo constitucional y económico de Puerto Rico por los últimos sesenta años han quedado deslegitimadas. La primera denuncia se dirige a la imposición de la junta fiscal, o de control fiscal, que ha sido impuesta sin la participación democrática de los ciudadanos de Puerto Rico, los integrantes de la misma son seleccionados por los partidos políticos de los Estados Unidos y representan los intereses de los sectores de las élites de dicho país. En la declaración la CEP caracteriza la imposición de la junta como un acto que pone evidencia “crudamente” el carácter colonial de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Luego de caracterizar la imposición de la junta como un acto colonialista la CEP procede a anunciar la esperanza de que se seleccionen candidatos que resuelvan de manera “seria y responsable” la condición colonial de Puerto Rico. Termina esa primera parte, la CEP, denunciando que la condición colonial tiene un verdadero impacto sobre los más pobres y que lesiona el derecho a la dignidad humana.

La democracia, indica la CEP, implica un sistema en que cuál se incluya “el derecho al voto y el control sobre los gobernantes, la promoción de la persona, creación de espacios en los que se materialice esa participación y el sentido de la corresponsabilidad”. Es por esta razón, considerando esos elementos democráticos del sistema que se caracteriza como antidemocrática la imposición de la junta ya que la misma no implica la participación democrática, ni el derecho al voto, ni la capacidad de control por parte de la ciudadanía, incluso las vistas de dicha institución se llevan a cabo en inglés, idioma que la mayoría del pueblo no comprende. En conjunto a la imposición dictatorial de la junta la CEP denuncia que las recientes decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ponen en duda el respeto a las características del sistema democrático enumeradas en la declaración de la CEP. El razonamiento de los obispos es que cuando la junta se impuso, junto a las decisiones del Tribunal Supremo que dijo que en Puerto Rico el Congreso tenía poderes plenarios, se puso en evidencia lo que ya era obvio y es que Puerto Rico es una colonia clásica, sin máscaras y sin maquillaje.

Ante la realidad del carácter puramente colonial de la relación de los Estados Unidos con Puerto Rico los obispos hacen un llamado diciendo que “se hace cada vez más urgente la toma de conciencia sobre la necesidad de una participación ciudadana activa y concertada que permita afrontar los desafíos de esta realidad”. El llamado es a la acción, no nos podemos quedar en las casas y no podemos quedarnos esperando que la situación la cambien quienes la han provocado. Es por ello que en el anuncio de la CEP se puede detectar un grado de frustración importante. Los partidos de siempre nos han llevado a esta situación, no olvidemos que en Puerto Rico los partidos mayoritarios se han compartido el poder desde el 1968 y uno de ellos ha gobernado desde el 1948. Esto significa que en nuestra historia sólo dos partidos nos han gobernado desde el establecimiento de la democracia parcial por medio de la legislación que permitió que la ciudadanía eligiera su gobernador en el 1948. Antes de ese tiempo Puerto Rico vivió bajo la dictadura de la presidencia de los Estados Unidos en la cual dicha institución nombraba los gobernadores de la Isla desde el 1898, fecha en la cual la Isla fue invadida militarmente por los Estados Unidos.

El llamado de la CEP es a “colocar en el poder a líderes que pudieran lidiar con los extraordinarios retos de este momento histórico, capaces de edificar esa patria virtuosa, compasiva, solidaria y responsable con sus ciudadanos y con la naturaleza”. El lenguaje de la declaración pone en evidencia la inconformidad de la CEP con los poderes de siempre y con los candidatos de los partidos tradicionales. En ese sentido la alternativa a los partidos y el sistema de corrupción generalizada que los mismos han creado durante sesenta años es la existencia de una “sociedad civil comprometida, organizada y solidaria, centrada en adelantar el futuro del País, con unas miras más amplias que el mero proceso electoral, puede facilitar la participación activa, ordenada y eficiente de los ciudadanos, logrando tomar medidas y alcanzar consensos que los partidos no pueden generar”.

La declaración de la CEP estimula la creación de una sociedad civil que desbanque a los partidos tradicionales y derrote las políticas de continuismo que han caracterizado las elecciones en las cuales se han seleccionados a los partidos, tanto el Nuevo Progresista que es el partido anexionista de la isla como el Popular Democrático que representa la continuidad en el asunto del estatus y de la relación colonial de Puerto Rico. Como alternativa la CEP invita a “reconocer la política como la oportunidad de descubrir las mejores cualidades de los seres humanos y la capacidad transformadora del poder, para que, mediante la participación articulada de todos, sea posible adelantar el bien común como medida de justicia”.

No hay duda de que la declaración de la CEP en Puerto Rico ha colocado a la teología de nuevo en el ámbito de lo político y ha abierto de nuevo el debate sobre el papel de las iglesias ante el reto del colonialismo en la Isla.