Por Gabriela Arguedas

En Costa Rica el aborto está penalizado, excepto en aquellos casos en los que la vida o la salud de la mujer gestante estén amenazadas. Pero aún seguimos esperando que se aplique con criterios de justicia e igualdad. No disponemos de la anticoncepción oral de emergencia. El acceso a una salpingectomía (cirugía de ligadura de Trompas de Falopio) en el servicio público de salud requiere pasar por una serie de procesos administrativos cuasi-maratónicos, incluyendo una serie de “charlas” con funcionarias de los centros de salud que tienden a patologizar la decisión de una mujer de no tener más hijos.

Hasta hace un par de años se inició el Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad, diseñado para la educación secundaria. Pero un grupo de padres de familia, afiliado a la Alianza Evangélica Costarricense, logró que se respete su decisión de no autorizar que tales lecciones sean impartidas a sus hijos e hijas. De tal forma que solamente reciben estas clases las chicas y chicos que tienen el visto bueno de sus familias. La tasa de embarazo adolescente aumenta y según recientes informes epidemiológicos, también aumenta el contagio de enfermedades de transmisión sexual en población adolescente y juvenil.

La violencia contra las mujeres aumenta y las expresiones de acoso callejero y hostigamiento sexual son cada vez más comunes y hostiles. Sin embargo, si una mujer queda embarazada producto de la violencia sexual, no contamos siquiera con anticoncepción oral de emergencia para poder darle y es cada vez más frecuente que los comentarios en redes sociales emitan juicios contra la víctima y no contra el victimario.

Por otra parte, las personas que no se adhieren ni sexual ni genéricamente al modelo heteronormativo de la identidad y el deseo, siguen a la espera de una ciudadanía plena. No hay ningún tipo de reconocimiento para las parejas del mismo sexo, tampoco existe una normativa clara para proteger la identidad de género en los casos de las personas trans. Y ni hablar del acceso de estas personas a los servicios de salud y al trabajo en condiciones mínimas de seguridad, como lo establece la OIT.

Una de las democracias más maduras y estables de América Latina sigue esperando la venia religiosa (o venias religiosas, si queremos mayor exactitud) para avanzar en todas estas agendas. Y este escenario se complica en el Siglo XXI, cuando la demanda por un espacio institucional secularizado pierde vigencia, en medio de debates -de un corte postmoderno, podríamos decir- acerca de la importancia y pertinencia de la laicidad estatal y la secularidad social. Esa discusión puede ser más pertinente en sociedades donde el discurso de la laicidad está sirviendo a propósitos políticos xenofóbicos y racistas. Sin embargo, ese no es el caso en Costa Rica. Todo lo contrario. El discurso a favor de la laicidad resuena muy débilmente en los diversos espacios sociales –incluyendo la academia- y es respondido con desproporcionadas y alarmistas denuncias de persecución religiosa, que incluso llevan a afirmar que quienes deseamos la laicidad del Estado, queremos enviar a los cristianos de nuevo a las catacumbas. Esto lo dijo un sacerdote costarricense oficiando misa hace unos meses, según me comentó un estudiante. Y coincide con las historias que mi católica madre me cuenta de vez en cuando, cuando tomamos café.

Otros sacerdotes se toman buena parte del sermón dominical para criticar al Gobierno costarricense por cada decisión que se tome en concordancia con los derechos humanos de las mujeres y de las poblaciones LGBTT. Y por su parte los diputados de partidos políticos confesionales toman el tiempo del debate parlamentario para atacar instituciones públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres y exigir su cierre. Los ataques mediáticos contra activistas feministas y de derechos humanos ya son algo cotidiano.

Algunos comentaristas y especialistas de la academia, han denominado este proceso de confrontación social como “guerra cultural”. Sin duda es una guerra que usa armas muy efectivas, pero difíciles de señalar como tales: las palabras. Los discursos enardecidos, cargados de emotivos llamados a defender lo que muchos consideran como la vida, la justicia y la verdad, están poniendo en peligro los principios más elementales de una convivencia social democrática. ¿Cuán lejos estarán las hogueras donde frenéticos y exaltados “hombres de Dios” quemaron a mujeres y hombres por sus pecados? Las palabras también queman, hieren y pueden condenar a las personas a una vida de temor y ocultamiento.

¿Es entonces vigente la demanda para que se elimine de la Constitución de la República el artículo 75 que dice: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”? ¿Contribuiría en algo una reforma constitucional, para avanzar hacia una sociedad menos autoritaria moralmente, y más abierta a construir una ética cívica de mínimos?