Por Carlos Aguirre Salinas

Roberto Zub bautizó los años 90s como la década de los partidos evangélicos en Nicaragua. La primera década del siglo 21 es el tiempo de la política identitaria. Los partidos políticos han sido sustituidos por una política identitaria que operativizan sujetos políticos y organizaciones religiosas que poseen capital social y medios de comunicación que les proyecta a nivel local y nacional. Las cuestiones públicas del país ya no pueden resolverse con la venia absoluta de la casta política tradicional, ni con la soberanía de un catolicismo que en las últimas décadas ha tenido que compartir los espacios de poder con líderes evangélicos.

Los partidos confesionales ya no son las alternativas soñadas por los líderes evangélicos, ahora está en auge el involucramiento en redes de instituciones políticas, sociedad civil, ONGs y proyectos comunitarios, donde existen las oportunidades para negociar con el gobierno y otras instancias públicas. Recientemente un prominente líder pentecostal surgió con una iniciativa partidaria confesional, pero en el proceso no ha logrado resultados satisfactorios, porque en este momento pesan más las negociaciones inter-institucionales que la formación de partidos políticos religiosos.

Líderes religiosos sentados en la Asamblea Nacional negocian con legisladores, no con el fin de velar por la justicia social, sino para defender principios morales, con el objetivo de cristianizar la política. Las actividades litúrgicas y el evangelismo pasaron a un segundo plano en la agenda de la dirigencia eclesiástica, porque descubrieron que los espacios públicos son más efectivos para la incidencia en las decisiones estratégicas de la nación y la manera más eficaz para fortalecer sus instituciones y ministerios oenegizados.

La política identitaria ha llevado al liderazgo eclesiástico a una lucha por la territorialidad, no sólo para acciones litúrgicas, también para tomar el control de espacios locales, por eso las alianzas con las alcaldías, los gabinetes del poder ciudadano, la sociedad civil, las instituciones educativas, comunitarias y sanitarias, lo cual les permite ensancharse involucrándose en redes interdisciplinarias. Al inicio la competencia por la territorialidad estuvo enfrentada entre iglesias pequeñas y las megaiglesias con el sistema celular en cada territorio. Sin embargo actualmente esa territorialidad sólo es posible desde la cuestión pública.

El nuevo mapa religioso muestra la desterritorialización católica, que inició con el terremoto de Managua en 1972, el reciente urbanismo favoreció a instituciones de corte neopentecostal, pero que tomó auge con la política identitaria. La diversidad religiosa seguirá desmontando los “linajes” de familias y clases aristocráticas que ejercían su poderío local, hoy es negociado con otros agentes cristianos y no cristianos, porque la matriz colonial ya no funciona en este contexto. En ese sentido, la política identitaria ha dado lugar a nuevas territorialidades, relaciones y disputa del poder entre religiosos y políticos en el proceso de adoptar el rol mediático de la religión en las funciones del Estado.