Por Francisco J Concepción

Recientemente el Congreso de los Estados Unidos aprobó una legislación para hacerle frente a la crisis económica y de los mercados de bonos en Puerto Rico. Desde que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, afirmó que la deuda de Puerto Rico, que asciende a unos setenta y dos mil millones de dólares, es impagable se ha levantado un reclamo ante el Congreso de los Estados Unidos para que se haga algo al respecto. A fines de junio pasado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que Puerto Rico no tiene soberanía propia como se había anunciado ante la comunidad internacional en el 1953 cuando se afirmó que Puerto Rico había logrado su autodeterminación por medio del establecimiento del estado Libre Asociado, que es el nombre de la relación política entre Estados Unidos y la Isla.

Por otro lado el mismo Tribunal Supremo decidió un segundo caso en el que dijo que Puerto Rico no tenía poder para aprobar su propia ley de quiebras para tratar con las deudas de las corporaciones públicas, declarando inconstitucional la ley que se había aprobado para subsanar la inexistencia de una ley federal aplicable a la Isla sobre ese asunto. Esas dos determinaciones del Tribunal Supremo allanaron el camino para que el Congreso aprobara una ley, llamada PROMESA, que impone una junta de control fiscal no electa, en la cual probablemente no habrá puertorriqueños, y la cual tendrá como objetivo realizar los ajustes estructurales necesarios para poder pagar la deuda de la Isla con el mercado de bonos municipales. La misma fue aprobada un día antes de que Puerto Rico adviniera al impago de más de mil millones de dólares el día 1 de julio.

Antes de que Puerto Rico adviniera al impago, y de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos hiciera sus determinaciones sobre la Isla las iglesias, tanto las católicas como la protestante, se habían manifestado al unísono a favor de una solución para Puerto Rico. Posteriormente, a principios del año 2016 se comenzaron anotar diferencias en el énfasis de las iglesias sobre el asunto de la crisis y cómo la misma se habría de resolver. El Arzobispo de San Juan, Roberto González, comenzó a dar señales de que se estaba alineando con la propuesta de la junta de control fiscal cuando se reunió en mayo con los bonistas de Puerto Rico, en Nueva York junto al gobernador Alejandro García Padilla, quien apoya la imposición de la junta de control fiscal. Esa reunión de Arzobispo fue coordinada por la organización Jubilee USA, que se ha destacado por promover el perdón de la deuda externa en países pobres. Esta reunión del Arzobispo contrató con la declaración de octubre del 2015 en la cual, junto a líderes de la Iglesia Metodista, Luterana, Evangélica Unida, Pentecostales, el Concilio de Iglesias y otros obispos y líderes eclesiales, se manifestó en contra de la política de austeridad promovida por el gobierno de Puerto Rico. Mientras que en octubre del 2015 las iglesias se manifestaron de forma unánime en contra de políticas de control fiscal basadas en el proyecto clásico neoliberal de austeridad, en mayo del 2016 el Arzobispo de San Juan se reunió con los bonistas para adelantar las propuestas de la ley que terminaría por imponer una junta de control fiscal que tiene como objetivo viabilizar el proyecto neoliberal de austeridad. Esta división se profundizó cuando el 8 de junio del 2016 el Arzobispo publicó una columna en el periódico congresional “The Hill” apoyando la legislación titulada PROMESA.

En una columna de opinión, publicada en el periódico de mayor circulación del Congreso de los Estados Unidos, titulada “Congress can solve Puerto Rico’s debt crisis, but colonial status remains a problem”, el Arzobispo de San Juan rompió su alianza con otros sectores religiosos que formaban parte de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa que se había manifestado en octubre en contra de las políticas neoliberales de austeridad. Esta manifestación vino acompañada por una reunión coordinada, una vez más por Jubilee USA, con senadores de los Estados Unidos para cabildear a favor de la aprobación de la ley conocida como PROMESA.

Mientras que el Arzobispo de San Juan cabildeaba a favor de la imposición de la junta de control fiscal y del proyecto de austeridad las iglesias protestantes históricas, como la Metodista y la Luterana, se manifestaban en contra de dicha legislación y de la imposición de la junta de control fiscal y del proyecto neoliberal. El 25 de junio del 2016 una gran cantidad de sectores de la sociedad civil de Puerto Rico se manifestaron en contra de la imposición de la junta de control fiscal y de la aprobación de la ley PROMESA, entre ellos muchos sectores religiosos incluyendo el anterior obispo de la Iglesia Metodista, el Dr. Juan Vera, miembros de la Iglesia Luterana y de otras Iglesias que formaban parte de la Coalición ecuménica que se había manifestado en octubre del 2015 en contra de las políticas neoliberales de austeridad excepto los obispos de la Iglesia Católica Romana que se había alineado a favor de la junta y otros que simplemente habían decidido hacer silencio sobre el asunto.

La realidad es que ante la crisis de la Isla, el impago de la deuda y la imposición de la junta de control fiscal, que tiene como objetivo imponer medidas de austeridad, las iglesias de Puerto Rico se encuentra divididas. Mientras que un sector, sobre todo la Iglesia Católica por voz del Arzobispo de San Juan, y de Jubilee USA, se han manifestado a favor de dicha medida y de la imposición de medidas de austeridad que corresponden a un proyecto de ajuste estructural parecido a los impuestos en otros países, incluyendo Grecia; otro sector, liderado por las Iglesias Protestantes Históricas, se opone al proyecto neoliberal de ajuste estructural y de austeridad que el Congreso de los Estados Unidos ha impuesto sobre Puerto Rico. Esta realidad debilita profundamente la lucha contra la junta y el proyecto de austeridad y augura años de una mayor pobreza, emigración y destrucción de la base económica de la Isla. La división del sector religioso es la división del pueblo de Puerto Rico.