Por Ariel Corpus

Entre los malquerientes y los malentendidos del Estado laico hay muchos actores, instituciones (principalmente religiosas) e individuos de a pie. Paradójicamente entre ellos están los evangélicos mexicanos –que no todos–, quienes por un lado exigen al Estado cumplir a cabalidad la laicidad al defender su libertad religiosa, pero por otro desconocen este principio histórico cuando se trata de expandir los derechos de las personas que no actúan de acuerdo a sus normas o ética de vida.

Lo anterior se observa claramente en la controversia que ha causado la iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión para establecer en México el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. A los pocos días, si no horas, del mensaje presidencial, las reacciones de algunos “representantes” evangélicos no se hicieron esperar y se opusieron dado que atenta contra “el diseño natural de la familia”. Se organizaron, planearon reuniones, establecieron alianzas, esgrimieron argumentos y exigieron “ser tomados en cuenta” para este tipo de decisiones. Unos más indicaron mediante comunicados en redes sociales que de aprobarse tal reforma “[se] favorecería a una minoría y violentaría el derecho de la mayoría y sería caer en un acto de dictadura que nunca los mexicanos, bajo el régimen institucional, hemos permitido”.

Para defender tal postura, los evangélicos así como distintas agrupaciones religiosas y sociales conservadoras, aluden a la naturalidad de la familia, a la legalidad que tiene únicamente el matrimonio hombre y mujer, a la reproducción biológica y supervivencia de la especie humana, a que el matrimonio es una institución anterior al Estado, al derecho de los niños y niñas de tener “un padre y una madre”, y demás argumentos que tienen como base una lectura, de la muchas que se pueden hacer, sobre la Biblia.

No obstante, el debate no está en los argumentos de corte religioso, pues en un país donde pondera la separación de las iglesias y el Estado, cada individuo puede optar, practicar, profesar y creer en la religión de su preferencia. Para quien escribe estas líneas se centra en un modelo de sociedad que se pretende constituir, una donde los derechos de las minorías no se vean mermados por la libertad de expresión de otros grupos –en este caso, también minoría–, y donde las creencias religiosas no se usen para limitar las expectativas de vida de los individuos. Nada más paradójico que ver a los evangélicos usar su libertad de expresión –ganada gracias a la separación de las iglesias y el Estado– para negar los derechos de otros.

Pero el debate no termina aquí, el panorama tiene muchas aristas. Una de ellas es la regulación de la sexualidad, misma que para los evangélicos se hace mediante el matrimonio, pues, aunque para ellos no representa un sacramento, no por ello deja de ser una alianza simbólica mediante la cual se perpetúa la dominación masculina y se legitima el ejercicio de la sexualidad, además que origina un núcleo familiar que permite en el mejor de los casos transmitir la fe a las nuevas generaciones. Sean o no conscientes de ello, los evangélicos –insisto, no todos– temen a la desregulación de la sexualidad fuera de sus cánones, ello los lleva a creer que en un futuro serán obligados por el Estado a legitimar estas alianzas.

Lo anterior nos lleva a otra arista, el temor ante lo incierto. Seguramente con esta iniciativa pensarán que estas parejas correrán a contraer matrimonio. Hay duda en ello, y quien escribe se atreve a preguntar a los representantes evangélicos cuántos de su feligresía están casados civil y religiosamente, cuántas uniones “en yugo desigual”, cuántas madres jefas de hogar, cuántos concubinatos, seguro que se llevarán una sorpresa. Contraigan matrimonio o no, se trata de establecer un marco legal para quien así lo desee pueda establecer un contrato con implicaciones sociales y jurídicas, pues para fines legales es el único que vale.

De igual modo, en este debate no se puede omitir la mayor presencia de ciertos actores religiosos que pretenden hablar a nombre de la “comunidad evangélica”, cuándo ésta es atomizada, plural e incluso con agendas diversas. Lo que deja en evidencia es que hay actores con mayor interlocución en los espacios de decisiones públicas y que han acaparado la opinión al respecto en los medios de comunicación, a lo que hay que sumar el poco interés de los medios por buscar diferentes voces a las que se autodenominan “oficiales”. Tales actores han capitalizado las rendijas de una laicidad aún en construcción, por lo que no es desconocido el lobby evangélico protagonizado por diversas iglesias, movimientos, asociaciones, fraternidades, personajes y partidos políticos cuya agenda busca tener un espacio en el ámbito de las decisiones públicas.

Finalmente, en un país donde la democracia va en camino y donde se puede escuchar diversas voces, es plausible que todos puedan expresar sus opiniones. Sin embargo, no se puede apelar a la libertad de expresión al decir que se ejerce un derecho cuándo con él se pretende oprimir a otros.