Por Gabriela Arguedas

¿Por qué durante los últimos años viene cobrando mayor atención la demanda social para eliminar el carácter confesional del Estado costarricense? ¿Por qué tan diversos movimientos sociales en Costa Rica tienen dentro de su agenda la exigencia de un Estado laico?

Estas son preguntas que no puedo responder acá, con base en evidencia empírica, pero que sirven como provocaciones para analizar algunos aspectos particulares de este caso. Costa Rica es un país que aunque atraviesa una situación económica difícil, continúa situándose en los mejores lugares de desarrollo humano en el Continente. El sistema de salud pública, si bien se encuentra en una crisis financiera, ofrece servicios de alto nivel técnico que en la mayoría de los demás países sólo están al alcance de quienes tienen más dinero.

En materia de derechos económicos, sociales y culturales, parece encontrarse en una situación mucho más favorable que el resto de Centroamérica, sin con ello negar que existen persistentes incumplimientos Estatales al respecto. Sin embargo, esta República sin ejército continúa siendo el destino de miles de personas que buscan un lugar donde rehacer sus vidas, porque la violencia y la pobreza las han expulsado de sus países de origen.

No obstante, en el campo de los derechos humanos que más directamente se vinculan con el género y la sexualidad, encontramos a una Costa Rica menos avanzada. El aborto está penalizado, con excepción de los casos en los que la salud o la vida de la mujer gestante se encuentren en riesgo. Esto no incluye los casos de embarazos producidos por violación sexual ni las gestaciones donde el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Ahora que el país está obligado –por un proceso de negociación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos- a producir una norma técnica que regule la aplicación del aborto no punible, un grupo de diputados y diputadas envió una carta al Papa Francisco[1], pidiéndole su intervención para que dicho proceso no continúe.

Tampoco se dispone de la anticoncepción oral de emergencia y los servicios públicos de salud se caracterizan por imponer a las mujeres una serie de trámites burocráticos muy tediosa, cuando desean realizarse una salpingectomía (cirugía para la ligadura de Trompas de Falopio).

Hace apenas un par de años que se inició el programa nacional de educación en sexualidad, el cual fue recibido con un tajante rechazo tanto por las autoridades eclesiásticas católicas como por la asociación de líderes de iglesias evangélicas, la cual -por cierto- impulsó la presentación de más de 30.000 recursos de amparo en contra de dicho plan educativo. No sorprende encontrarse con las estadísticas que reportan un aumento en la tasa de fecundidad adolescente, a pesar de que disminuya la tasa nacional.

Además, Costa Rica es mundialmente conocida no solo por sus parques nacionales, sino también por haber sido el único país de Occidente en prohibir totalmente la aplicación de la fecundación in vitro, decisión judicial que respondió un acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado de la Conferencia Episcopal, y que condujo a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia en contra del Estado constituye un parte-aguas, tanto para la doctrina de los Derechos Humanos como para ámbitos como la bioética y los estudios en ciencia, tecnología y sociedad.

Ni la jerarquía católica, ni los partidos políticos confesionales, ni las organizaciones activistas político-religiosas recibieron con resignación ese fallo de la CIDH. ¡En lo absoluto! Desde estos sectores surgieron varios llamados a desobedecer esta decisión vinculante de la Corte. Incluso, hubo quienes llamaron a defender la soberanía nacional, sosteniendo la prohibición de la FIV. La campaña contra la FIV llegó a niveles que para muchos, rozaban con los acuerdos éticos más básicos de la convivencia. Por ejemplo, una cuña radiofónica fue grabada por una niña que tuvo que leer un texto en el que se decía que ella era una “niña FIV” que sufría mucho porque tuvieron que matar a 5 de sus “hermanitos” para que ella pudiese nacer (haciendo referencia a la pérdida de embriones in vitro)

Sabemos que la laicidad del Estado no necesariamente conduce a la secularización del espacio público, y que en todo caso, la secularización es siempre un proceso, no un resultado final. Sin embargo, una separación mínima entre los asuntos naturaleza religiosa y la política pública parece ser la demanda de casi la mitad de la población en Costa Rica.[2]

Los líderes más visibles del movimiento evangélico en Costa Rica, entre ellos, los diputados de los partidos políticos confesionales evangélicos, insisten en rechazar todo intento para eliminar la confesionalidad del Estado. Esta es una de las señales de la alianza entre la jerarquía católica y los sectores evangélicos más organizados. En la segunda parte de esta columna, haré referencia a la tensión entre confesionalidad y diversidad sexual.

[1] http://www.nacion.com/nacional/politica/Diputados-Papa-Luis-Guillermo-Solis_0_1562843789.html

[2] http://www.nacion.com/archivo/personas-quieren-declare-religion-oficial_0_1332666826.html