Por Anibal Torres

Las interacciones entre la esfera estatal y la esfera religiosa en Argentina pueden analizarse a partir de las relaciones entre el Gobierno Nacional y las diferentes confesiones presentes en el país. Alternando entre la cooperación y el conflicto, los actores gubernamentales y religiosos interactúan en la formulación e implementación de ciertas políticas públicas, las cuales históricamente han tenido su principal ámbito institucional de referencia en la Secretaría de Culto de la Nación, inserta dentro de la Cancillería argentina.

Como es sabido, el presidente Mauricio Macri, quien asumió la primera magistratura el pasado 10 de diciembre, designó como titular de dicha Secretaría a Santiago de Estrada (h), funcionario en tiempos de dictadura y de democracia, con fuertes vínculos con algunos sectores católicos del país y de la Santa Sede, donde fue embajador entre 1984 y 1989. A de Estrada se lo puede identificar con la coalición “autonomía (entre Estado e Iglesia) y cooperación (entre ambos)”, integrada por funcionarios políticos y la mayoría de los obispos de la Iglesia Católica, opuesta a la coalición “dependencia mutua”. Miembros de aquel nucleamiento de actores estuvieron al frente de la Secretaría de Culto entre 1989-1998 y 1999- 2001, buscando poner entre las prioridades de la agenda de Gobierno la sanción de un nuevo régimen jurídico para regular el mercado religioso en Argentina. En el marco que brindan la Constitución Nacional (donde se armoniza la libertad de cultos con el reconocimiento de la desigualdad entre ellos) y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, tal coalición ha sido activa en proponer un diseño institucional que haga plenamente operativa la impronta igualitarista (superadora de la mera tolerancia) consagrada en la norma fundamental de la nación.

Ciertamente, las comunidades religiosas no han esperado a la aparición de un marco regulatorio específico para generar canales de cooperación entre sí (madurando en un fecundo diálogo interreligioso) y con las autoridades gubernamentales (como ocurrió en la crisis desatada en 2001), con la tradicional política del Estado argentino de valoración positiva del fenómeno religioso. Sin embargo, las leyes, en tanto reglas de juego, constriñen o favorecen el movimiento y la interacción de los actores sociales. Esto es particularmente sensible al considerar cómo el Estado laico garantiza la libertad religiosa y el pluralismo. Así, a lo largo de los años se sucedieron diferentes intentos de sanción de la “Ley de Libertad Religiosa” (1993, 2000, 2006 y 2009) en el cual trabajaron funcionarios de la Secretaría de Culto, junto con legisladores de diferentes partidos políticos y, por supuesto, representantes de diversas confesiones religiosas. Es de destacar que la propia Conferencia Episcopal Argentina, siguiendo las líneas doctrinales del Concilio Vaticano II de reconocimiento de la laicidad del Estado, ha mostrado interés y cooperado en la sanción de dicha Ley.

Tales iniciativas no se concentraron solamente en modificar la política pública de reconocimiento oficial a los cultos en el contexto del Estado laico (pasando, por ejemplo, a un esquema de inscripción voluntaria, superando la impronta policíaca del régimen legado por la última dictadura). Además, manteniendo el status especial de la Iglesia Católica, se buscó conceder beneficios a todas las comunidades religiosas (al reconocerlas como personas jurídicas) y tipificar una serie de delitos que atenten contra ellas, sus miembros y sus bienes.

Es muy probable que con el Gobierno de “Cambiemos” se reanuden los pedidos de diferentes comunidades religiosas a favor de dicha Ley, si bien no sólo deberán madurar consensos entre los diferentes cultos y las autoridades de la Cancillería, sino avanzar también en la arena legislativa, con sus conflictos y dinámicas propias.  Los primeros gestos del Gobierno –insistimos, continuando aquí el camino realizado por gestiones anteriores-  han sido de reconocimiento a la labor de las diferentes religiones presentes en Argentina: desde la breve mención realizada por el presidente en su discurso inaugural a la Asamblea Legislativa, el oficio interreligioso celebrado al día siguiente en la Catedral de Buenos Aires, hasta hechos como el auspicio a la realización en el país de la jornada del diálogo interreligioso y la paz, a 30 años del histórico encuentro mundial de Asís. Se deberá seguir con atención si de los gestos oficiales se pasa al trabajo por la “Ley de Libertad Religiosa”. El régimen democrático, al cual contribuyen las comunidades de fe generando compromiso cívico y amistad social, tiene todavía que saldar esa deuda.